#Caracas | Preso, libre y ejecutado: señalan a la PNB por asesinato de un joven en Petare
Funcionarios de la Brigada Motorizada del cuerpo policial habían apresado meses antes a Carlos Alberto Perdomo Machado, cuando era menor de edad, por no llevar su cédula de identidad. Le inventaron un antecedente criminal y lo mantuvieron detenido por un mes. A finales de marzo, lo acorralaron en un callejón y lo mataron
Un día del último trimestre del año 2022, Carlos Alberto Perdomo Machado cargaba las bombonas de gas que habían llegado a la zona donde vivía –la parte alta del barrio Guaicaipuro de Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda–. Funcionarios de la Brigada Motorizada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo detuvieron y le pidieron su cédula de identidad, según relataron sus familiares. Pero el muchacho, que para entonces tenía 17 años, solo vestía una franelilla y un short sin bolsillos. No llevaba sus documentos. Ese hecho le supuso una sentencia que marcó el resto de su vida.
Los policías llevaron al joven a la comisaría con la excusa de verificar si tenía algún antecedente criminal. A pesar de que su expediente estaba limpio, Perdomo Machado tardó un mes en salir de la cárcel, porque los PNB dijeron que era miembro de una banda de la zona y que, al atraparlo, cargaba una escopeta. El arma nunca apareció.
Luego de recuperar su libertad, Perdomo Machado y su familia tenían miedo de que el episodio se repitiera. Casi no salía de la casa y hasta habían pensado en sacarlo del país. Solo dejaba su vivienda para ir a presentarse semanalmente a los tribunales con un documento que atestigua que trabajaba con el Comité Local de Alimentación y Producción (CLAP), en la entrega de las bolsas de comida y las bombonas de gas. Esa había sido la condición impuesta por la juez del caso, hasta que cumpliera la mayoría de edad.
El sábado 25 de marzo de 2023, el joven celebró sus 18 años. Sus familiares pensaron que todo había acabado. Pero tres días después, sus mayores temores se hicieron realidad.
El martes siguiente, 28 de marzo, alrededor de las 10 de la mañana, funcionarios encapuchados, de la misma brigada que lo apresó meses atrás, entraron disparando al callejón donde vivía el muchacho.
Perdomo Machado estaba a las afueras de su casa con su madre, mientras limpiaba la acera que su perro había ensuciado. Le alcanzó un disparo en el torso, pero la adrenalina le permitió correr.
«Voy herido, voy herido», le gritó a una vecina que estaba en la vía, y ella comenzó a insultar a los uniformados para tratar de disuadirlos. Todo fue en vano.
El joven continuó la huida hasta una casa cercana y se subió al techo. Al mirar hacia abajo, la dueña de la vivienda le rogó que se bajara de allí para que no mataran a sus hijos. Sangrando, el joven descendió y los policías lo acorralaron y volvieron a dispararle.
La madre de la víctima, que se fue corriendo tras los uniformados, no pudo pasar a la escena del crimen. El cuerpo fue llevado al Hospital Ana Francisca Pérez de León de Petare. A la 1 de la tarde de ese mismo día, el cadáver ya estaba en la morgue de Bello Monte.
«A esos desgraciados hay que denunciarlos, porque ya basta de tanta injusticia. Matan al que no se está metiendo en nada. A los malandros no vienen a matarlos. Lo único que hacen es quitarles plata y volverlos a soltar», reclamó una vecina que se acercó a dar el pésame a la familia.
A los parientes de Perdomo Machado le dieron los restos, tres días después del hecho. «A mi sobrino me lo entregaron de una manera que ni a los perros entregan así, en una sábana, como si lo tuviese que tirar en una fosa», contó Evelyn Silva, tía de la víctima. El caso pasó a la Fiscalía de Derechos Fundamentales.
«Estamos dispuestos a correr el riesgo de denunciar. Miedo no tenemos (…) No podemos dejar eso así, porque eso sería darle la espalda a mi sobrino, aunque él no siente nada en donde está. Pero en nuestra conciencia, sería un peso que nunca se va a quitar», acotó Silva.
De acuerdo con cifras de Monitor de Víctimas, entre enero y febrero de 2023 se reportaron 9 homicidios a manos de las fuerzas públicas del Estado, en el Área Metropolitana de Caracas. La Policía Nacional Bolivariana está señalada en 4 de estas muertes.