En la cama de su casa, en el barrio Kennedy, fue asesinado Ricardo González Amundaray, de 26 años de edad, por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Él es una de las seis víctimas del operativo de este cuerpo policial entre la mañana del pasado 8 de enero y la tarde de este miércoles 9.

Claudia Smolansky @clausmolansky / Fotografias Carlos Ramírez

10/01/19

“Lo que hacen es un acto de cobardía. Disparan y después averiguan. No miden las consecuencias. ¿Por qué se encapuchan, matan y roban? Porque son unos malandros”, dice el hermano de Ricardo, Danny Rivero, quien es funcionario de la Policía Marítima en el estado Falcón desde hace 26 años.

Ricardo tenía planes de emigrar a Colombia luego del 15 de enero de este año. Allá se encuentra su pareja desde hace 6 meses. Ambos pensaban llevarse a su hijo luego de estar establecidos económicamente. Sus otros hermanos también se encuentran fuera de Venezuela, algunos en Perú y otros en Argentina.

A las 6:30 am llegaron los efectivos al barrio Kenneddy, parroquia Macarao. Ricardo dormía con su niño de 3 años de edad entre sus brazos, cuando lo despertaron, le arrebataron al menor y se lo entregaron a la abuela que vive en el piso inferior. Tres disparos en el pecho recibió el joven quien trabajó por casi cinco años en el Ministerio de Industria y Comercio. Sin embargo, había renunciado desde hace año y medio y mantenía a su familia con lo que obtuvo de la venta de un apartamento que le había otorgado su antiguo trabajo.

“No puedo decir que tenía la mejor conducta, pero estas tampoco son las formas”, agrega el hermano. Ricardo estuvo preso dos meses en el 2017. Sus familiares desconocen las causas o, no quisieron revelarlas.

De la casa se robaron todo, denuncia Rivero. Comida, ropa y dinero. Para sus planes de migración, Ricardo pensaba vender su vehículo Corsa, el que su hermano desconoce si los efectivos también se robaron. En horas del mediodía de este 9 de enero, Crónica.Uno constató que los efectivos de las FAES continuaban por el barrio Kennedy. Al momento de preguntarle sobre las razones del operativo respondieron: “Váyanse de aquí ya”. En ese momento, habían dos funcionarios, un hombre y una mujer, vigilando desde la puerta de un hogar en el sector II. Los otros funcionarios que viajaban en una pickup se encontraban dentro de esta misma casa. Minutos más tarde la policía informó que Ángel David Campos Álvarez habría muerto en un presunto enfrentamiento.

“Puros disparos”, es lo único que comentan temerosos los vecinos para describir lo que han escuchado en los últimos dos días.

“Yo que soy funcionario no entiendo este ensañamiento. Estoy convencido de que matan a lo loco y que las FAES tiene infiltrados en todas las comunidades”, agregó Rivero. En su pueblo, Dabajuro, a 126 km de Coro, estado Falcón, informó que las FAES también habían asesinado a cinco personas la mañana del 8 de enero. “Al que es malandro no le hacen eso. Hablan de enfrentamiento, pero es mentira. No se atreven. A los que mataron por mi pueblo eran personas que vivían de la siembra y del campo. Las FAES actúan de manera de gatillero”, dijo.

Ricardo se desangró en su propia cama hasta que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegó al lugar cuatro horas después y retiró al cuerpo para llevarlo al hospital Miguel Pérez Carreño.

Ricardo vivía en la vereda 11 y, Carlos Eduardo Ramírez, de 33 años de edad, en la vereda 19. Él es otra de las víctimas. “Lo sacaron por detrás de la casa y dispararon”, dijo su mamá, María Eva Sánchez. A Ramírez también le arrebataron a sus cuatro hijos menores de edad. La esposa no estaba en casa. Sus pertenencias también fueron hurtadas por estos efectivos, asevera su madre, quien cuenta que su hijo habría pagado una condena en una cárcel en Caracas.

De acuerdo al parte policial el despliegue se realizó para desarticular una presunta banda delictiva denominada “El Brandón”. Pero familiares desmienten esta versión. “La banda deben ser ellos. Los de negro y encapuchados. Nuestros hijos podrían consumir y beber, pero no se metían con nadie”, dice Sánchez.

Brando Rafael Sanoja Batista, Maikel Cumare Ávila y José Rafael Arévalo Pérez fueron los otros que murieron durante las acciones de este cuerpo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB). De acuerdo al reciente informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), 7.523 personas murieron a manos de cuerpos policiales en el 2018, casi 2.000 personas más en comparación al año pasado, cuando se registraron 5.535 casos de resistencia a la autoridad, lo que significa un incremento de 36%. “Condenamos que ésta sea la única respuesta de política pública del Gobierno ya que actúan fuera del Estado de Derecho y es una violación a los derechos humanos, mucho más en un país en el que no existe la pena de muerte”, dijo Roberto Briceño León.