Cinco funcionarios del Cicpc quedaron en libertad bajo régimen de presentación, luego de que el Tribunal Quinto, en audiencia preliminar, desestimara el delito de simulación de hecho punible, por el homicidio de Daniel Alejandro Lezama Ramírez

MAYBER MÁRQUEZ

No ha habido justicia por el asesinato de Daniel Alejandro Lezama Ramírez, ejecutado el 7 de abril del año 2022 por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), cuando se encontraba en un restaurante de Carúpano, municipio Bermúdez, del estado Sucre.

Sus familiares recuerdan que los funcionarios dispararon contra Lezama, cuando el joven se sentó en una mesa del restaurante Bar Thiago ‘s, en el sector Tío Pedro, y trató de sacar su portachequera. La policía pensó que se trataba de un arma de fuego.

Una semana antes de cumplirse el año de la muerte del joven, los parientes de Lezama Ramírez se enteraron de que, el pasado 25 de enero, la Corte de Carúpano decretó sin lugar su solicitud de apelación y ratificó la decisión del Tribunal Quinto en audiencia preliminar, de desestimar el delito de simulación de hecho punible.

El 11 de agosto del año 2022, se conoció que la decisión del tribunal cambió la calificación del delito a 5 de los funcionarios involucrados, al no reconocerlos como coautores inmediatos del delito, sino como cómplices no necesarios del crimen.

Además, la medida los dejó en libertad, bajo régimen de presentación mensual, mientras el responsable de disparar sigue preso.

La madre de la víctima no está de acuerdo con la decisión del tribunal, pues en su opinión, los cinco funcionarios deben permanecer detenidos.

“Ellos tienen que estar presos junto con el que disparó, porque cambiaron toda la escena del crimen y, si no es por el video de seguridad del restaurante que salió a la luz, mi hijo Daniel hubiese quedado como un delincuente”, enfatizó.

Precisamente, el pasado 7 de abril y Viernes Santo, la madre de la víctima fue a Casanay, capital del municipio Andrés Eloy Blanco, por el aniversario del suceso, para reencontrarse con su familia y honrar la memoria de su hijo, con una misa y un rosario.

“Se cumplió un año y no se ha hecho justicia por el asesinato de mi hijo”, aseveró Anairys Ramírez.

La pérdida de Daniel cambió el rumbo de la vida de su familia.

Reconoce que tuvo que buscar ayuda profesional, que no solo la ayudara a ella, sino a sus otros hijos, para poder sobrellevar la terrible pérdida.

“No dormía casi, solo lloraba y hasta perdí el apetito; al igual que mi hija menor. ¿Y quién mejor para ayudarnos que un psicólogo?”, se preguntó.

Pronunciamiento de ONG

A la fecha, los familiares no han sido notificados por el tribunal sobre las decisiones tomadas y no se ha fijado una nueva fecha para el inicio del juicio.

La Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui, con extensión en Sucre, Monagas y Nueva Esparta, se pronunció a través de sus redes sociales para llamar la atención de los tribunales, de manera que abran el juicio. Destacan que hay retardo procesal y que es necesario demostrar la culpabilidad de los funcionarios en el caso.

“A solicitud del fiscal, fue acordado por el tribunal de la causa aplicar una medida privativa de libertad. Estos funcionarios ejecutaron en un restaurante de dicha entidad al hoy occiso Daniel Lezama”, informó el fiscal.

Por el caso, también se pronunció el director nacional del Cicpc, Douglas Rico, quien para aquel momento precisó que fue un funcionario el que disparó y que estaba acompañado por los otros cinco.

Buena conducta

Daniel Lezama no tenía antecedentes policiales. Era querido, no solo por su familia, sino por la comunidad. Era promotor cultural de la Alcaldía del Municipio Andrés Eloy Blanco y participaba activamente en la organización de la Fiesta de la Virgen del Valle, cada 8 de septiembre.

Siempre le gustaron los carros y andaba en los camiones de su padre, a quien perdió cuando tenía 18 años.

La víctima también dejó huérfano a un niño de seis años.

Durante 2022, de acuerdo con el balance del equipo de Monitor de Víctimas, en las morgues de Cumaná y Carúpano, respectivamente, los homicidios en medio de presuntos hechos de resistencia a la autoridad dejaron 24 víctimas y las ejecuciones, 7.

Plan Nacional

Recientemente, el defensor público general militar Daniel Ramírez Herrera, visitó Cumaná para anunciar que los reclusos con 5 y 8 años de prisión, por delitos menores, podrían optar por una medida alternativa de cumplimiento de pena, que les permitiría estar bajo libertad condicional.

La medida no aplicaría para las personas que son juzgadas por delitos graves.

Sin embargo, deben cumplirse algunos requisitos, como someterse al informe psicosocial que constituya una opción favorable para su reinserción en la sociedad, así como consignar una oferta laboral, que no tenga antecedentes penales y que no haya sido sometido a un nuevo juicio mientras estuvo preso.