Los datos de Monitor de Víctimas reflejan que la mayoría de los casos son perpetrados por conocidos. De los 46 casos, entre 2017 y 2019, sólo siete fueron a manos de desconocidos. El 80%, 37 de los femicidios en Caracas ocurrieron a manos de cónyuges, familiares o amigos

Katherine Pennacchio y Gabriela Henríquez

@KathyPennacchio y @GCHenriquez1 / Infografías: Mayerlin Perdomo

09/03/20

La mañana del 7 de mayo de 2018, como todos los días, Maribel del Carmen Cornieles Carrillo llegó temprano a la farmacia San Roque, en el sector Longaray en la parroquia caraqueña El Valle, a buscar las verduras y hortalizas que vendía en un puesto informal en la calle. Su cuñado, Fernando Sayago le permitía guardar la mercancía en ese establecimiento.

Pero ese día a los pocos minutos de haber entrado a la droguería, apareció en el lugar Leidys Giovanny Gil Muñoz, de 44 años de edad, quien tras sostener una discusión con Cornieles Carrillo, le disparó en la cabeza y luego se quitó la vida.

Gil, había sido pareja de Maribel Cornieles por escasos tres meses. La víctima tenía 37 años de edad y era madre de dos hijos, de 13 y 9 años.

 

 

Este fue uno de los seis femicidios que ocurrieron en la parroquia El Valle entre 2017 y 2019 y uno de los 46 acaecidos en los cinco municipios de la Gran Caracas y el estado Miranda, en el mismo periodo: Municipio Libertador, Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre.

“Femicidio es definido como “la muerte violenta de mujeres, por el hecho de ser tales” o “asesinato de mujeres por razones asociadas a su género”. Así, “el femicidio surge a partir de la insuficiencia de repercusión que tendría el femicidio para dar cuenta tanto de la misoginia presente en esos crímenes y la responsabilidad estatal al favorecer la impunidad de éstos”, explica en su sitio web el colectivo feminista latinoamericano, Cotidiano Mujer. Agrega además que ambos términos tienen un elemento en común: la impunidad.

Las cifras obtenidas de Monitor de Víctimas en los últimos tres años indican que los femicidios han aumentado en 46%, mientras que los homicidios a mujeres en la capital del país han disminuido en 27%. Se totalizan 207 homicidios a mujeres, de los cuales 46 son femicidios, es decir, representan un 22%.

Magdymar León, psicóloga clínica y coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), explica que la violencia contra la mujer ha aumentado, por un lado, por razones vinculadas a la crisis humanitaria en el sentido de que las mujeres están cada vez más vulnerables económicamente frente a los hombres, pero también por razones culturales.

Argumenta que en el caso de que un grupo familiar tenga dificultades de transporte y los ingresos que obtiene son muy pocos, las mujeres suelen tomar la decisión de quedarse en casa ya que se mantiene la visión de que el hombre es el que sale a trabajar. Esto, explica León, hace más vulnerable económicamente a la mujer frente a su pareja y además restringe un poco los vínculos sociales y amistades, por lo que aísla más a la mujer y se va generando una brecha de género.

“En otras condiciones, ambos saldrían a trabajar o incluso la mujer, estando en casa, tenía mayor acceso a trabajos informales que le generaban algún tipo de ingreso económico. Esto con la crisis ya no es posible”, dijo la coordinadora de Avesa.

Patrones de asesinatos a las mujeres

Los datos de Monitor de Víctimas también reflejan que la mayoría de los casos de femicidios son perpetrados por conocidos, como fue el caso de Maribel Cornieles.

De los 46 casos, entre 2017 y 2019, sólo siete fueron a manos de desconocidos. El 80%, 37 de los femicidios en Caracas ocurrieron a manos de cónyuges, familiares o amigos.

 

Para la coordinadora de Avesa, los patrones que surgen de los datos de Monitor de Víctimas concuerdan con la explicación de las diferencias económicas entre los géneros y las creencias culturales. “Ante este control del hombre sobre la mujer, se van generando situaciones de violencia que pueden llegar a esta máxima expresión que es el femicidio”, comentó.

Añade que, al analizar los casos de femicidios, se observa que son el resultado de una serie de agresiones, que en algunos casos no fueron denunciadas, en otros sí lo fueron, pero no se les prestó la debida atención, casos en los que la mujer no recibió apoyo y el contexto la criminalizó, por lo que terminó a merced del agresor.

Las estadísticas de Monitor de Víctimas también arrojan que 30 de los 46 femicidios sucedieron dentro de las viviendas de las víctimas; y 17 de los 46 femicidios reportados en Caracas fueron perpetrados con armas de fuego, cortas mientras que 12 de estos 46 casos fueron perpetrados con armas blancas.

 

 

En referencia al tipo de armas utilizadas en los femicidios, León explica que el hecho de que las armas de fuego encabecen la lista da cuenta de la existencia del poco control en el uso de las armas, así como la facilidad que puede tener una persona para acceder a una. “Esto también nos va mostrando que tenemos un gran número de personas armadas en el país y en las comunidades”, agregó.

“El uso de armas blancas en los femicidios suelen ser utensilios de hogar, lo que evidencia que son delitos que ocurren en el propio hogar y comunidad. Es lamentable que en tu propio hogar es en donde incluso puedes correr más riesgos”, dijo.

Luis Izquiel, Investigador sobre crimen organizado y profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela explica que existen diversas estimaciones sobre el número de armas en manos de la población venezolana.

La última realizada por el Observatorio Venezolano de violencia indica que podrían existir en el país 3 millones 500 mil armas de fuego (…) Adicionalmente, la última versión oficial sobre el porte de armas emitida por la Dirección Antiextorsión y Secuestro (D.A.E.S), el organismo encargado de dar los permisos, señaló que  había un poco más de 20 mil portes de armas. Si contrastamos estas cifras, prácticamente el 99% de las armas están ilegales”, aseguró Izquiel. 

 

El profesor de Criminología añade que el en Venezuela no existe la compra libre de armas y solo el Estado las transporta y suministra a través de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM). Sin embargo, argumenta en la realidad hay muchas armas en circulación en el país que provienen de la posesión de ellas, anterior a la prohibición; del extravío de armas de los cuerpos de seguridad, incluyendo los cuerpos castrenses; y del contrabando a través de la frontera.

Huérfanos por la violencia 

Luisaelena Echarry Rojas tenía 36 años cuando fue asesinada por su esposo, el 18 de enero de 2018, con quien estaba llevando a cabo un proceso de separación. 36 puñaladas con un cuchillo de cocina acabaron con su vida.

Con su muerte, tres hijos menores de edad quedaron huérfanos. Dos de ellos de su primer matrimonio y, el más pequeño, de cinco años en ese momento, del segundo matrimonio con el hombre que la asesinó.

El más pequeño de los hijos de Luisaelena, ahora con ocho años de edad, se encuentra bajo la custodia de su abuela. Maira, hermana de la víctima, asegura que el asesinato de Luisaelena fue muy duro para el niño, quien acudió a un psicólogo para entender qué había pasado con sus dos padres.

Los familiares de Echarry piden justicia y, aunque aseguran que un proceso judicial no va a devolverles a Luisaelena, van a conseguir paz.

Los datos de Monitor de Víctimas registran que entre 2017 y 2019 se han quedado huérfanos 151 niñas, niños y adolescentes. De esa cifra, 48 son a causa de femicidios, lo cual representa 31,7% de los casos.

 

Para Abel Saraiba, psicólogo y psicoanalista, coordinador del Programa Creciendo Sin Violencia de Cecodap, la muerte de la madre de un niño es una experiencia que puede ser catalogada como traumática, incluso desestructural para un niño, teniendo presente que la sociedad venezolana es matricentrada. “Es decir, es una sociedad en donde la madre ocupa un lugar fundamental dentro de la crianza, en la gestión de los afectos y en un conjunto de procesos vitales para un niño y, en consecuencia, el hecho de que ella sea asesinada genera un efecto de orfandad muy grande”, explicó.

Asimismo, para el psicólogo e investigador de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), Francisco Sánchez, el asesinato de una madre tiene tres tipos de repercusiones en un niño. La primera de ellas es la emocional o psicológica ya que se trata de una experiencia en la que los niños se sienten desprotegidos porque ya no está su cuidadora y se quedan en manos de un familiar.

“Más aún si el asesinato lo cometió el padre o el cónyuge de la mamá. Eso somete a los niños a una experiencia de mucha ambivalencia y ambigüedad que va a perdurar”, dijo Sánchez. En segundo lugar, está la repercusión a nivel familiar ya que esto genera mucho estrés y angustia. Señala además que tener que contarle al niño lo sucedido y contener la situación perfila el desamparo en el que se encuentra la población porque estos niños y estas familias no encuentran unas vías institucionales con las que poder trabajar este sufrimiento.

En tercer lugar, la afectación de un menor de edad se presenta a nivel escolar como fallas a nivel académico, problemas de conducta y emocionales, propios de la experiencia que están viviendo.

El niño puede tener un aislamiento profundo, problemas de conducta, convertirse en oposicionista o rebelde, problemas de agresividad, cambios en el rendimiento escolar, falta de atención o incluso dejar de hacer las cosas que antes le gustaban; por ejemplo, si antes iba con su mamá al fútbol, puede que le deje de gustar porque es un recordatorio constante de lo que fue su experiencia”, explicó Sánchez. 

 

En opinión de ambos psicólogos es fundamental buscar ayuda para poder conseguir y brindar apoyo emocional  al niño, y así procesar la experiencia de dolor. Indican que este apoyo puede ser terapéutico, psicológico, de un trabajador social, o incluso de una comunidad religiosa a la que se pertenezca.

Asimismo, señalan que el proceso para superar la muerte puede estar entre seis meses, pudiéndose extender hasta los dos, o incluso hasta los 15 años; todo dependerá de los recursos con los que cuente el niño para sobrellevar el duelo.

El Valle en números rojos 

En los últimos tres años los índices de violencia contra la mujer en la Parroquia El Valle han estado en números rojos. De la totalidad de 46 femicidios, seis han sido en la zona, lo cual representa 13% de los casos. Esto es un alto número en comparación con otras parroquias que tienen entre cuatro y cero casos.

Las otras parroquias con más asesinatos de mujeres son Macarao, Sucre y El Hatillo, con tres casos cada una.

Adriana Desiret Rivero Ozorio, Maribel del Carmen Cornieles Carrillo, Yesenia Carolina Franklin Chaparro, Andrea Yulimar Quintero Santiago, Sheila Yarivette Silva Jiménez y Melissa Arcila Ruiz  fueron las víctimas en El Valle.

 

En El Valle, el hogar de estas mujeres, predominan edificios residenciales que bordean la avenida principal y grandes barrios populares hacia las zonas más elevadas. En esta parroquia viven 155 mil personas, según el Ministerio para Relaciones Interiores Justicia y Paz. En El Valle también están las principales entradas del complejo militar Fuerte Tiuna, cuenta con la línea 3 del metro de Caracas y el principal terminal de transporte de la ciudad. Sin embargo, esto no proporciona seguridad.

Jacqueline Gómez, líder comunal del sector San Andrés en El Valle, explica que ha sentido en los últimos años un aumento de la violencia en la zona. “En mi sector no se escuchan muchos casos de violencia de género, se oye más hacia Los Jardines y Longaray. Pero no hay respeto para nadie. No importa su condición, si es mujer o adulto mayor”, dijo Gómez.

Por su parte, Maribel Escalante, líder comunal del sector Longaray en la parroquia explica que “se ven muchos robos en las estaciones del metro y en las camioneticas. Hay poca presencia policial en la parroquia. Las mayores afectadas son mujeres”.

Escalante no considera que en su sector sea un lugar foco de femicidios. No obstante, en la misma zona donde vive, en los últimos años han ocurrido varios casos que han impactado a la comunidad. Un caso muy sonado ocurrió la noche del domingo 22 de octubre de 2017. Sheila Yarivette Silva Jiménez, de 38 años de edad, fue lanzada desde el piso 11 por su pareja de un urbanismo de Misión Vivienda.

Silva era empleada de la Alcaldía de Libertador, coordinaba el programa Madres de la Patria en la zona y ayudaba a agilizar los carnets de la Patria que el gobierno de Nicolás Maduro implementó desde mediados 2017. Allegados señalaron que, debido a su posición, tenía buena relación con el alcalde Jorge Rodríguez.

 

 

Según reportara Runrun.es en su momento, de acuerdo con testigos, Silva Jiménez había sostenido una fuerte discusión con su novio, identificado como Ángel José Mosqueda, de 28 años de edad, el sábado 21 de octubre de 2017. Él se había marchado de la casa a raíz del conflicto, pero en horas de la noche del domingo, regresó para cometer el asesinato. Intentó fugarse pero los vecinos lo impidieron.

Días después de lo ocurrido, movimientos feministas se concentraron en la sede del Consejo Municipal cercano al Palacio Legislativo para repudiar el asesinato de Silva Jiménez, y el aumento de femicidios en la capital, y a su vez exigir celeridad en las investigaciones que den con las penas de estos individuos.

 

Casos sin resolver y poca impartición de justicia 

El pasado lunes 20 de mayo de 2019 Melissa Sidney Arcila Ruiz dejó a sus hijos en el transporte escolar y regresó a su apartamento en el edificio Unep de Los Jardines de El Valle. En la entrada fue sorprendida por su exnovio, José Gregorio Pérez, quien la sometió y apuñaló con una tijera.

Sus familiares aseguran que Arcila Ruiz había acudido con anterioridad a la Fiscalía y al Cicpc para reportar que el hombre la había golpeado. Sin embargo, las autoridades no actuaron.

Katherine Andreína González León fue asesinada por su cónyuge, con quien compartía diez años de relación y tres hijos. Tenía 24 años de edad. En el pasado Katherine había hecho tres denuncias ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Ministerio Público, por comportamientos agresivos y abusivos en su contra, pero esta instancia no le dio respuestas oportunas.

Diosanel Gómez, prima de Katherine, cuenta que el día de las madres del año 2017, luego de cuatro meses de acoso y amenazas a través de la red social Instagram, el cónyuge de Katherine le envió un mensaje indicándole que debía acercarse a casa de su madre porque sino mataría a sus tres hijos, a su familia y a ella. Luego de una discusión y de un forcejeo en el carro de su esposo, éste le disparó cinco veces a Katherine, intentó dispararle al padre de ella, y luego acabó con su vida.

A pesar de las numerosas denuncias en contra de su cónyuge ante la Fiscalía, no se obtuvo ninguna respuesta. “De hecho, una vez la tuvo secuestrada y Katherine logró escaparse. Ese mismo día ella lo denunció ante la fiscalía y él montó una denuncia en contra de ella, por abandono de hogar”, dijo Gómez.

La organización no gubernamental Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) afirma que todas las mujeres víctimas de violencia merecen justicia y que la opacidad en la información y ausencia de datos oficiales dejan a cientos de mujeres víctimas de delitos sin la opción de lograr el cumplimiento de la ley. Ponen como ejemplo el caso de Angela Aguirre, joven asesinada el 23 de marzo de 2019 en el río Caroní, en Guayana, donde la familia ha denunciado que mediante sobornos el caso se estaba enfriando.

Esta debilidad en la impartición de justicia, según expertos, pone aún en más riesgo a las mujeres. “La mujer está siendo victimizada no sólo por la situación país que afecta a todos por igual, sino también por la falta de justicia”, dijo la psicóloga Magaly Huggins, psicóloga y experta en género y violencia.

Asimismo, Madgymar León explica que a medida que las inequidades de género se van profundizando, hay más probabilidades de que ocurran situaciones de violencia contra la mujer.

“Cada vez hay una visión más desvalorizada hacia la mujer y a esto se le suma toda la impunidad en torno a la violencia contra la mujer. Te puedo decir que en el informe de Mujeres al Límite de 2017, en el que participó Avesa, vemos una altísima tasa de impunidad en los casos de impunidad. Menos del 1% llega a juicio”, aseguró León.

Explicó también que este porcentaje indica que ante la denuncia, las mujeres no están obteniendo la debida respuesta de protección y de acceso a la justicia, por lo que los delitos quedan impunes y tienden a repetirse; y, por ende, va aumentando su frecuencia e intensidad.

“Todos esos elementos están ahí generando una mayor vulnerabilidad en las mujeres venezolanas a la violencia y esto explica el mayor número de femicidios. Por eso vemos como mes a mes el número de femicidios reportados en la prensa va aumentando significativamente”, sentenció la coordinadora de Avesa.

Concluye que todos estos elementos generan un conjunto de situaciones en donde las inequidades de género se van profundizando y, ante relaciones de género inequitativas, existen más probabilidades de que ocurran situaciones de violencia contra la mujer, lo cual explica el aumento en el número de femicidios.

Venezuela se enfrenta a una falta de estadísticas oficiales sobre los femicidios. La última data oficial publicada corresponde al 2015, cuando el Ministerio Público confirmó 121 femicidios consumados en todo el país. Luego de eso, en agosto de 2019, el fiscal general Tarek William Saab indicó en una declaración que el Ministerio Público había registrado 554 causas de femicidios en los últimos dos años.

Es por esta razón que los casos de de femicidios en Venezuela son registrados por organizaciones no gubernamentales o proyectos como Monitor de Víctimas, que recoge las estadísticas de Caracas y Miranda.