La opacidad y ocultamiento de cifras asociadas a la violencia urbana en Venezuela es alarmante, sobretodo en un país donde organizaciones como el Observatorio Venezolano de Violencia y la ONG Seguridad, Justicia y Paz, tildan penosamente a Caracas como la segunda ciudad más violenta del mundo, con una tasa de 111 homicidios por cada 100.000 habitantes.

ROBERTO PATIÑO / JUAN FRANCISCO MEJÍA / NIKOLAI ELNESER

Es difícil conseguir alguna publicación de cifras oficiales sobre violencia en Caracas desde hace ocho años, salvando algunos casos aislados como el pronunciamiento de la Fiscal General de la República en marzo de 2017. Ante esta situación, Caracas Mi Convive y Runrun.es decidieron impulsar el proyecto Monitor de Víctimas, con el objetivo de recolectar la información asociada a los homicidios que ocurren en el Área Metropolitana de Caracas (AMC) para entender el problema, dar a conocer las historias de las víctimas desde su óptica y proponer políticas públicas orientadas a reducir los altos índices de criminalidad

Durante los primeros nueve meses de recolección de información, el dato más alarmante que se ha levantado es el de la participación de funcionarios del Estado como victimarios. En este período han sido responsables de 41% (441 casos, como muestra el gráfico) de los homicidios para los cuales se posee información. Esto confirma la tendencia al incremento de la participación del Estado ya anunciada por Luisa Ortega Díaz en su declaración del 30 de marzo de 2017, en la que estableció que en el año 2016 se registraron 21.752 homicidios a nivel nacional, de los cuales 4.667, equivalente a 21,5%, fueron perpetrados por funcionarios de los cuerpos de seguridad. A pesar de esto, el tema ha recibido poca atención.

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El Estado ensañado contra los jóvenes

Al analizar con mayor detalle el perfil de las víctimas del Estado, se encuentra que 98% de las víctimas son hombres, de los cuales 77% son jóvenes entre 16 y 28 años de edad. Esto contrasta con el accionar de las bandas criminales y los civiles independientes, ya que 52% de las víctimas de estos grupos son jóvenes en este rango de edad. Asimismo, encontramos que 39% de los homicidios perpetrados por estos organismos fueron clasificados como ejecuciones extrajudiciales.

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Este hecho demuestra que el gobierno, en vez de adoptar políticas públicas orientadas a la inclusión y la formación de los jóvenes ha optado por utilizar una narrativa que deshumaniza y estigmatiza a este grupo poblacional, ha evadido su responsabilidad de generar mecanismos de inclusión social (contrario a su discurso político) y de prevención y en vez de dar acceso a la justicia comete violaciones de derechos humanos ejecutando penas de muerte.

Los testimonios de altos funcionarios del gobierno, desde hace mucho tiempo, son elocuentes:

“Más de 2.000 <> han muerto por venganza o por desafiar a los organismos policiales, situación que lamento, porque es una población joven que podía entrar en el proceso de rehabilitación, pero estos dejan poco espacio social cuando se caen a tiros entre ellos y con funcionarios policiales”. Viceministro de Seguridad Ciudadana, Francisco Belisario Landis (El Nacional, 19 de septiembre de 2000).

“El 70% de los homicidios que suceden en Venezuela y la capital son entre las mismas bandas. A mi entender, esos homicidios no afectan a la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es una sensación que tienen las personas. Sin embargo, las incluimos en la cifra. ¿Afecta la sensación de seguridad que las personas deben tener? Eso es discutible entre los criminólogos” (El Universal, 18 de Junio 2008).

Mano dura institucionalizada: las OLP

El accionar de los cuerpos de seguridad es parte de las políticas de mano dura que ha venido implementando el gobierno con sus mal llamadas “Operación de Liberación del Pueblo” (OLP) y “Operación de Liberación Humanista del Pueblo” (OLHP), desde el año 2015. Estas surgen como una medida conjunta entre fuerzas policiales (PNB y CICPC) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con el objetivo de “… liberar al pueblo de bandas organizadas y garantizar la paz”, según el Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.

Las historias a las que hemos tenido acceso, gracias al trabajo con víctimas de la violencia, nos han dado la posibilidad de conocer de cerca los procedimientos ilegales que se llevan a cabo y el miedo que generan las OLP entre la población civil. Son bien conocidos los saqueos, destrozos a la propiedad privada y ejecuciones extrajudiciales que han sido perpetrados por lo funcionarios que participan en estos procedimientos. Una madre de San Agustín, cuyo hijo fue víctima de una ejecución extrajudicial por parte de la policía en junio de 2017 en su propia casa por una “equivocación”, y que luego fue clasificado como un enfrentamiento por los cuerpos de seguridad, nos comentó que mes y medio después del suceso la policía se presentó nuevamente en su casa y cuando ella preguntó por la orden de allanamiento el oficial sacó su arma, la apunto y respondió: “mire señora, la orden de allanamiento es esto, ve”.

Estos delitos institucionalizados a través de las OLP, pasan desapercibidos a la opinión pública. Las condiciones desiguales bajo las cuales se desarrollan las comunidades más vulnerables de la ciudad las posicionan como escenarios propicios para crímenes del Estado, generando una respuesta social violenta a sus acciones y alimentando, en consecuencia, el círculo de violencia y exclusión de los sectores populares.

Las políticas de mano dura en América Latina

A pesar de que el gobierno se empeña en profundizar las políticas de mano dura, diversos estudios a nivel regional han demostrado que este tipo de políticas no son efectivas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013, pp. 182): “Las políticas de mano dura adoptadas en la región han fracasado en su objetivo de disminuir los niveles de violencia y delito, y también han tenido un impacto negativo y profundo en la convivencia democrática y en el respeto a los derechos humanos, que están en la base del desarrollo humano.” En este sentido, estas políticas fomentan la corrupción, los ajusticiamientos selectivos, la desconfianza entre las comunidades y el Estado, desgarran familias y comunidades enteras y promueven una cultura de violencia e impunidad.

Entre las principales consecuencias directas de estas políticas se encuentran el fortalecimiento de las agrupaciones criminales, el aumento de la violencia letal y la violación de derechos humanos, particularmente contra jóvenes y menores de edad, como revelan los datos presentados.

Por ejemplo, en diversos estados de Brasil y en las ciudades de Rio de Janeiro y Sao Paulo se implementaron este tipo de políticas durante la década de los 90. Los resultados registraron un aumento en las muertes de civiles, así como muchos casos de violaciones a los derechos humanos. En Sao Paulo, la implementación de estas políticas coincidió con el período de mayores índices de delito. Por su parte, en Honduras, El Salvador y Guatemala se aplicaron políticas de mano dura a principios de la década del 2000 para enfrentar la presencia de las maras. Específicamente se enfocaron en encarcelar a los miembros de estos grupos, aumentar la presencia policial, usando técnicas militares, en determinados sectores de las ciudades y criminalización de las actividades asociadas a estos grupos. Al igual que en el caso brasilero, los resultados de estas políticas fueron negativos. Las prisiones se transformaron en “universidades del crimen”, los delitos cometidos por las bandas se intensificaron y estas adoptaron nuevas prácticas como los secuestros y la extorsión. En términos generales la violencia letal incrementó en los tres países (PNUD, 2013).

A pesar de toda la evidencia que existe en contra de las políticas de mano dura, estudios de opinión en la región encuentran que cuentan con muchorespaldo en los países latinoamericanos. De acuerdo al PNUD (2013), más de 75% de los venezolanos, brasileros, mexicanos, colombianos, hondureños, entre otros, estaban de acuerdo o muy de acuerdo con estas prácticas en el año 2012.

Existen, por lo menos, dos factores que pueden contribuir a cambiar esta percepción en nuestra sociedad: (1) La denuncia y visibilización de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los funcionarios del Estado y (2) los recientes procedimientos ilegales, similares a las OLP, que se han llevado a cabo en sectores de clase media, en el marco de las protestas contra la dictadura y que han recibido mayor cobertura y rechazo público.

Hacia Una Política de Seguridad Ciudadana Inclusiva

En la últimas dos décadas se han desarrollado políticas públicas exitosas en ciudades latinoamericanas, como Medellín, Río de Janeiro, Cali y Bogotá que han contribuido a la reducción de las tasas de delito. “En el centro de varias de estas intervenciones ha estado el desarrollo de datos y análisis confiables y precisos, la adecuación de las respuestas a los problemas sociales, económicos y políticos específicos que enfrenta cada contexto, así como la participación sostenida y decidida de funcionarios junto con la sociedad civil.” (PNUD, 2013. pp. 184).

El trabajo de Caracas Mi Convive en sectores violentos, así como el análisis de los casos de estudio de las ciudades mencionadas, nos ha llevado a identificar los siguientes puntos como prioritarios, a la hora de pensar en el diseño y aplicación de cualquier política pública.

1. Establecer relaciones de confianza con las comunidades más afectadas por la violencia e incorporarlas en la implementación de programas sociales (educativos, deportivos, culturales) dirigidos a los jóvenes más vulnerables priorizando y focalizando la prevención en jóvenes en riesgo y la reinserción de aquellos involucrados previamente en actividades delictivas.
2. Reformas institucionales del sistema de justicia y de los cuerpos de seguridad, orientadas a disminuir los índices de corrupción e impunidad, a generar mayores capacidades de reacción e inteligencia y reconstruir las relaciones con los sectores de la sociedad afectados por la implementación de prácticas ilegales. Ejemplos de estas políticas son las policías comunitarias implementadas en Honduras, Rio de Janeiro y Los Ángeles, que tienen como objetivo el empoderamiento ciudadano por medio de la construcción de relaciones de confianza entre la policía y las comunidades.
3. Mejorar la calidad de los datos que se recolectan, haciendo uso de nuevas tecnologías que permitan identificar los puntos calientes, guiar las estrategias de patrullaje e identificar los perfiles de las víctimas y victimarios.
4. Establecer alianzas con instituciones de la sociedad civil como universidades, centros de investigación, empresarios y organizaciones sociales para que contribuyan en el diseño de las políticas y formen parte de la implementación de las mismas.
5. Garantizar, mediante acuerdos políticos, la sostenibilidad y viabilidad temporal de las políticas de seguridad.

Los datos e historias de violencia en Caracas dan cuenta de un problema muy profundo que afecta a toda la ciudadanía pero con mayor ahínco a los sectores más vulnerables. Es necesario empezar a debatir sobre esta problemática y proponer alternativas que contribuyan a construir una ciudad más amigable para sus habitantes. Desde Caracas Mi Convive, creemos que la prevención de la violencia pasa por la construcción de relaciones de confianza entre todos los sectores de la sociedad civil y con el Estado que faciliten el diseño de políticas públicas exitosas y sostenibles en el tiempo.