Santiago García y Héctor Navarro @miconvive

23/04/20

“Llegaron unos efectivos policiales, entraron en la comunidad y se llevaron a más de 50 personas por estar después de las 7:00 pm fuera de sus casas; incluso por estar parados en sus puertas. No solo jóvenes o adultos, sino también adolescentes”. Este es el testimonio de Ana, residente de Propatria, cuando denunció preocupada cómo la Policía se llevó detenido al sobrino de su novio, un adolescente de 15 años.

Pedro, residente de una comunidad de Catia, expresa a su vez que “cuando aparecen las FAES nadie discute, todo el mundo se mete a sus casas asustado”. Sus vecinos le tienen más miedo a la policía que a la pandemia.

En las últimas semanas, Venezuela y el mundo entero han vivido un cambio radical ante la COVID-19. Las calles que antes estaban congestionadas de tráfico y gente, ahora se encuentran prácticamente vacías y los negocios que no son considerados indispensables permanecen cerrados. Mantener el distanciamiento social y las actividades productivas al mínimo ha sido un reto que todos los gobiernos y ciudadanos han tenido que plantearse.

En todos estos casos las instituciones de seguridad han jugado un papel principal. Solo en Caracas se ha visto un aumento drástico de la presencia policial, con alcabalas en múltiples esquinas, donde la policía se asegura de que las personas usen tapabocas e interrogan a los conductores que quieren atravesar de un municipio a otro.

Si bien es verdad que la crisis actual implica que se deben tomar medidas para asegurar el distanciamiento social, historias como las de Juan y Ana, donde la policía instiga el miedo en los ciudadanos, nos hace preguntarnos cuáles son las medidas más adecuadas para resguardar la salud de los venezolanos.

En Venezuela nos encontramos en una situación muy particular. Los organismos de seguridad, desde hace ya varios años, son conocidos por un uso marcado de estrategias que se enfocan en la represión de los ciudadanos. Los ejemplos más visibles de esto son el elevado número de operativos policiales de las Fuerzas Acciones Especiales (FAES) y el establecimiento de alcabalas a lo largo de la ciudad, como las medidas más comunes de seguridad ciudadana. Ambos dispositivos, además de ineficientes, se han vuelto famosos por promover violaciones de derechos humanos y actos de corrupción por parte de la policía.

Siguiendo esta lógica represiva, a la hora de promover el distanciamiento social (medida necesaria ante la crisis sanitaria que estamos pasando en el ámbito mundial), las instituciones de seguridad han hecho lo único que saben hacer: restringir y reprimir. En Catia, por ejemplo, se está prohibiendo el libre tránsito, solamente las personas con un carnet de vialidad o un salvoconducto pueden caminar por la calle, bajo amenaza de ir detenidas. Los negocios, a su vez, solo tienen permitido abrir de 8:00 a 11:00 am.

Sin embargo, la población de Catia es, en su mayoría, de bajos recursos, como afirma Jesús, otro residente de la zona: “Conozco gente que vive del día a día, no salir a trabajar en la mañana significa no comer en la noche”. Debido a esto, muchas personas deben salir regularmente a comprar alimentos, y dado el horario restringido en el que pueden operar los comercios, durante tres horas se aglomeran grandes cantidades de personas en un solo lugar.

“Es frustrante, porque quieren que te encierres en tu casa sin información, sin saber la razón de las medidas o qué es lo que se viene. Todo debe cerrar y el que salga va preso, o sea, intimidación a los venezolanos. ¡Nosotros sabemos que estamos en una pandemia! Y que debemos tomar previsiones. Pero tampoco quiere decir que tienen derecho a la agresividad… a violar nuestros derechos… y tampoco proponen soluciones, hay gente mayor y personas que necesitan comprar a diario”, dice Jesús.

Es importante destacar que el distanciamiento social es necesario, sin embargo, las medidas de restricción y represión son inviables en contextos de bajos recursos. Como dice Pedro: “O te mueres de hambre o te mueres del virus”.

Las medidas tomadas están desconectadas de la realidad y necesidades que tienen los venezolanos. Abrir los negocios durante tres horas al día promueve focos de contagio. Amenazar y meter presas a las personas genera miedo entre una población que necesita resolver las necesidades básicas en su día a día.

Vivimos una época de incertidumbre, en la que es necesario tomar múltiples previsiones para contener la pandemia. Sin embargo, la realidad de muchos venezolanos presenta unas condiciones críticas, por lo cual sencillamente apuntarles con una pistola para que se queden en casa no es justo ni suficiente. Es un momento en el cual resulta imprescindible que los gobiernos mantengan una comunicación abierta con la ciudadanía para que puedan tomar previsiones y promover medidas ingeniosas que tomen en cuenta las necesidades de las poblaciones más vulnerables.

Transformación con participación

Caracas Mi Convive es una organización que ha implementado un modelo de intervención social orientado a la prevención y reducción de la violencia delincuencial en las comunidades vulnerables del municipio Libertador de Caracas. Parte de la idea de la convivencia como la antítesis a la violencia y en la posibilidad de conseguirla a través de la organización comunitaria y el fortalecimiento de los liderazgos locales.

Roberto Patiño fundó Caracas Mi Convive en 2013. Actualmente, este movimiento social forma parte del equipo técnico en el área de políticas públicas de seguridad ciudadana del Plan País. Cada uno de sus proyectos promueve el derecho a la vida desde diversas aristas: las personas, los espacios, la reparación, la investigación y comprensión de los patrones de violencia de la ciudad.

Sus actividades se ven reforzadas por el trabajo conjunto que realizan junto con Alimenta la Solidaridad y Sustento, lo que los convierte en una red de iniciativas de formación multidisciplinarias. Las tres iniciativas creen en la transformación social a través de la participación ciudadana y su incidencia en las políticas públicas, para construir una Venezuela democrática, productiva y solidaria. La apuesta es que, con ello, sea posible la Caracas de la convivencia.