Venezuela es el país de América Latina donde los policías matan más
Un estudio comparativo entre Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela, realizado por el Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina, arrojó que más de un cuarto de los homicidios ocurridos en 2017 en Venezuela se produjeron por la intervención de agentes de seguridad del Estado.
La investigación elaborada por profesionales de la Universidad Central de Venezuela, el Laboratorio de Análisis de Violencia de Brasil, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica de México y la Fundación Ideas para la Paz de Colombia, entre quienes destacan el investigador Ignacio Cano y la experta en derecho, Catalina Pérez Correa González –, evidenció que según cifras oficiales, en Venezuela durante 2017 fallecieron un promedio de 14 personas diarias a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, uno de cada cuatro homicidios ocurridos fue a consecuencia de la intervención de funcionarios del gobierno.
En 2017 se produjeron 19.387 homicidios en Venezuela, de los cuales se informó oficialmente que 4.998 fueron ocasionados por la fuerza pública. Esto quiere decir que 25,8% de los homicidios ocurridos fueron por intervención estatal. En 2010, eran apenas cuatro.
Brasil, con una población casi siete veces mayor, solo figura con 7,3 %.
Con base en datos del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MRIJP) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), se concluye que la tasa de civiles muertos por agentes de los cuerpos de seguridad del Estado fue de 15,9 por cada 100 mil habitantes, la mayor de los cinco países evaluados: El Salvador (6,18), Brasil (2,3), Colombia (0,3) y México (0,3).
“Brasil, Venezuela, Colombia, El Salvador y México destacan por la militarización de sus policías, por una lógica bélica que impregna la seguridad ciudadana”, indicó Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales, profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela y coautor del Monitor del Uso de Fuerza Letal.
Pese a que en Latinoamérica existen gobiernos con ideologías distintas, la represión está unida por un mismo hilo conductor. “Vemos en todos discursos oficiales que promueven este tipo de prácticas como una solución, las justificaciones de las muertes posteriores y la impunidad total”, dijo Ávila.
En Venezuela, el aumento de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado se acelera a partir del año 2013 y presenta grandes saltos en 2015 y 2016, lo que coincide con la implementación de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), en julio de 2015.
En 2010, la tasa de personas fallecidas por intervención de la fuerza pública fue de 2,3, y en 2016 llegó a 19, es decir, hubo un incremento de 726%. El 60% de estas muertes ha ocurrido durante los últimos dos años de acuerdo a datos del MRIJP.
Runrunes y Monitor de Víctimas: referencia
En el estudio se emplearon fuentes oficiales provenientes de la misma policía y en los casos donde no hubo acceso a la información se usaron reportes de prensa, que incluyeron a medios digitales como Runrun.es.
Además se usaron datos de la ONG Provea y de Monitor de Víctimas -una plataforma periodística de recolección de datos de homicidios en Caracas-, que evidencian que 165 de los asesinatos, (41%) ocurrieron en el área metropolitana de Caracas.
En total, la información de prensa sumó 1.516 víctimas, que representan 30,33% de la cifra oficial de muertes en manos de la fuerza pública, la cual fue de 4.998.
De éstos 1.516 fallecidos, 1.497 (99%) fueron por armas de fuego accionadas por agentes en el ejercicio de sus funciones.
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), policías estatales, municipales y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aportaron aproximadamente la misma cantidad de víctimas (entre 18% y 20%).
Llama la atención que 65% de estos funcionarios no se encontraban en actos de servicio, 60% no estaba uniformado y 55% no estaba identificado como agente de seguridad del Estado. Apenas 12% de los casos sucedieron en el contexto de un enfrentamiento real.
El CICPC no se encuentra entre los primeros lugares con mayor cantidad de funcionarios víctimas de homicidio (14%).
77,34% de los 1.516 muertos fueron identificados de la siguiente manera: con apellido y nombre (68,7%), sólo nombre (0,46%), sólo apellido (0,13%), sólo apodo (8,05%).
Al conformar el perfil de la víctima se percibió que 99% fueron hombres con una edad promedio de 25 años. El 65% de las víctimas tenía entre 18 y 27 años de edad, mientras que 7,4% no había cumplido los 18 años.
En su informe sobre el año 2017, Provea denunció un incremento de 17,8% de las violaciones al derecho a la vida y 411% de violaciones del derecho a la integridad personal.
“El año 2017 fue muy sui generis, el tema de las protestas hizo que la violencia institucional se trasladara de los barrios donde se hacen operativos policiales letales a control de manifestaciones, así como a detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, torturas y excesos policiales”, dijo Keymer Ávila.
La opacidad como norma
En sus registros, el Estado separa los homicidios de los casos tipificados como resistencia a la autoridad -que son aquellos cometidos por agentes de la fuerza pública-. “Nosotros excluimos o separamos de los delitos de homicidio lo que llamamos la resistencia a la autoridad, porque la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en su clasificación internacional, excluye la muerte por intervención legal, que significa muerte de un delincuente por agentes de seguridad”, manifestó el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol en una rueda de prensa ofrecida en diciembre de 2017.
Sin embargo, esto contradice los criterios que utiliza el propio MRIJP para recopilar sus datos de criminalidad, pues -aunque están separados-, dentro de los nueve delitos que registra este despacho en sus estadísticas nacionales se incluye la resistencia a la autoridad. Es decir ellos mismos lo consideran un delito.
“Algo con que nos encontramos en esta investigación es la dificultad para conseguir información oficial y cuando la hallábamos no sabíamos si era fiable y de calidad”, dijo Keymer Ávila.
Más muertos que heridos
Los indicadores intentan medir en qué grado se presentan patrones de uso excesivo de la fuerza letal. En tal sentido, se observó que es posible que la fuerza letal haya sido elevada en respuesta a un ambiente violento. Por otra parte, la existencia de armas de fuego entre los civiles es un factor para justificar el uso de la fuerza.
El número de víctimas fatales aumenta entre los que se enfrentan a los agentes de la ley por diversas razones: los policías suelen actuar en grupo, están entrenados y usan chaleco antibalas.
Entre los resultados de la investigación se tiene que por cada civil herido fallecen otros 16. En opinión de los investigadores esta cifra es preocupante.
“En los conflictos bélicos se espera que el número de heridos sea mayor al de fallecidos y por ende en situaciones de seguridad ciudadana no se debe esperar lo contrario. Paradójicamente encontramos en nuestros países que la cifra de muertos es superior al de heridos y esto es el principal indicativo de masacres”, dijo Ávila.
En 2017, el promedio de víctimas por intervención policial fue de 1,5 por caso.
Por otra parte, al analizar la relación entre muertos y heridos civiles con los ataques mortales que sufren los funcionarios, se constata una gran asimetría entre ambos: por cada funcionario fallecido pueden morir 26 civiles; por cada civil herido mueren 16 civiles y en contraste, por cada funcionario herido, fallecen tres funcionarios.
La investigación cierra con una serie de recomendaciones entre las que se encuentran: el cese de operativos policiales militarizados, suspención de cualquier funcionario sospechoso de participar en violaciones de derechos humanos, protección a víctimas del uso de la fuerza letal, prohibición de la práctica de detenciones arbitrarias y desmilitarización de la seguridad ciudadana.
“Si el Estado no condena este tipo de actuaciones las promueve. Peca por acción y omisión”. dijo Ávila.
La presentación del Monitor del Uso de la Fuerza Letal se llevó a cabo este jueves 29 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México.
“La idea es que esta sea la piedra fundacional de algo que debe crecer. Esperamos continuar con esta iniciativa que exista mayor apoyo institucional y que se sumen nuevos países”, dijo Ávila.
Según el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el derecho a la vida es inviolable y el Estado “está obligado a proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad, prestando servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier forma”.