Según estimaciones de Unicef, unos 3 millones 900 mil niños, niñas y adolescentes viven en las zonas venezolanas afectadas por los terremotos recientes. El desastre natural ha revelado que el sistema encargado de proteger a la infancia y la adolescencia no tenía una hoja de ruta para una catástrofe de esta magnitud: la emergencia encontró a los órganos de protección arrastrando importantes deudas de fondo.

Por Cristina González y Joshua de Freitas

FOTOGRAFÍAS: KBECCO FILM / MARÍA DE LOS ÁNGELES GRATEROL / ANGÉLICA LUGO 

La Torre de Residencias Caribe, en el sector Los Cocos de Caraballeda, estado La Guaira, dejó de ser un edificio. Ahora es una montaña de concreto fracturado debajo de la cual, en algún punto que nadie ha podido alcanzar todavía, podrían estar los morochos Aron y Aranza Mendoza Orias, de 13 años de edad. La última vez que alguien tuvo noticias de ellos estaban ahí, en su apartamento, junto a su madre, Yesenia Orias.

Y fue antes de los terremotos.

Ahora su paradero es un misterio. Ariari Mendoza —esposo de Yesenia y padre de los morochos— no se detiene: camina entre los escombros, pregunta, remueve piedras con las manos cuando hace falta, vuelve a preguntar. Con él trabaja un grupo de familiares y amigos que llegaron a excavar por su cuenta, porque la ayuda de organismos gubernamentales ha sido escasa: cuando los rescatistas aparecen, lo hacen sin la maquinaria necesaria para romper el concreto apilado.

El 27 de junio, a tres días de los sismos, lograron abrirse paso hacia dos de las habitaciones, pero no vieron a los adolescentes. Y como no percibieron malos olores, pensaron que habían logrado salir o que continuaban allí con vida.

Desde Caracas, Andrés García, primo de los morochos, de 37 años, sigue haciendo su propia búsqueda. Le preocupa, sobre todo, que Aron es autista. Eso significa que si alguien lo encuentra —vivo, desorientado, asustado— puede que el niño no logre decir quién es ni de dónde viene.

Los morochos son parte de los 3 millones 900 mil niños, niñas y adolescentes que —según estimaciones de Unicef— viven en las zonas venezolanas afectadas por los terremotos recientes. Todos ellos, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), merecen protección especial.

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En el Hospital Miguel Pérez Carreño, de Caracas, resolvieron improvisar un método tan simple como desesperado: tomarles fotos a los niños y, a los que podían hablar, preguntarles lo básico —su nombre, el de sus padres, el lugar de donde los habían rescatado— y escribir esos datos sobre sus brazos, con marcador, como quien no confía en que nada más vaya a sobrevivir al desorden.

—Anotamos la mayor cantidad de datos de los niños que pueden expresar claramente —contó el 26 de junio, tras dos días de los sismos, una trabajadora del centro de salud que prefirió resguardar su identidad—, pero algunos están en shock, no saben decir bien cómo se llaman sus padres o aún no hablan porque son bebés.

No había, en ese momento, un protocolo al que aferrarse. Al menos no uno que conocieran con claridad. Cuando se le preguntó si sabían cómo debían actuar, la trabajadora admitió que todos se movieron guiados por algo mucho menos formal: el sentido común. La única instrucción precisa que les llegó fue una sola línea, tajante: no entregar a ningún niño sin que el familiar que lo reclamara pudiera demostrar, con documentos, que en verdad lo era. Lo más formal que conocía esta trabajadora es que los hospitales tienen un máximo de dos horas para notificar al Consejo de Protección de guardia cada vez que ingresa un menor de edad sin acompañante.

Pero entre la instrucción y la realidad hay una distancia que la empleada pública conoce de memoria, porque la cruza todos los días.

—La orden es que no se le entregue a nadie que no pueda demostrar que es su familiar, pero en la práctica no podemos controlar este caos —confesó.

—Por eso es importante que estos protocolos e instrucciones y formación se trabajen en tiempos de paz para que la gente construya criterios claros de respeto y dignidad que no son solo de sentido común —puntualiza Estefanía Mendoza, de Mulier, organización que trabaja, entre otros, temas de prevención de trata de personas—. No estamos inventando el agua tibia, esto se ha hecho en otros países, para no tener que pensar en procedimientos en estos momentos.

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Lo que el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñar y Adolescentes (Idenna) anunció el 27 de junio en su cuenta de Instagram fue la activación de un Protocolo Obligatorio de Resguardo de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional ante la emergencia sísmica. Una de las principales medidas fue la declaratoria de una “Jurisdicción Universal y Concurrente”, un mecanismo diseñado para destrabar la burocracia territorial. Bajo este nuevo esquema, los consejeros de protección del Área Metropolitana de Caracas y estados vecinos están obligados a atender cualquier emergencia sin importar la residencia de la víctima; de lo contrario, los funcionarios que aleguen incompetencia geográfica podrían enfrentar sanciones penales por denegar el auxilio.

La orden prohíbe que centros públicos o privados de salud retrasen o rechacen la atención médica de un menor de edad por falta de documentos o ausencia de sus representantes. Además, cada centro de salud debe implementar un “Libro de Registro Especial de Contingencia”, que permita rastrear a los pacientes. Y en caso de atender a niños, niñas o adolescentes no acompañados, las direcciones de los hospitales disponen de un plazo máximo de dos horas para notificarlo al Consejo de Protección, cuyos equipos deben sostener guardias de 24 horas en las salas de emergencia y trauma shock.

El protocolo también impone un cerco de seguridad sobre los egresos hospitalarios para evitar casos de trata o entregas irregulares. Ningún paciente pediátrico en situación de vulnerabilidad podrá recibir el alta médica o ser trasladado sin una autorización del Consejo de Protección. Los niños, niñas y adolescentes solo se podrían entregar a los padres o representantes legales tras una rigurosa validación de su filiación, mientras que el Estado asumiría un resguardo institucional compartido con el hospital en los casos donde no se localice de inmediato a la familia.

Finalmente, para centralizar la búsqueda de desaparecidos y mitigar la desinformación en redes sociales, el Idenna ordenó que toda la información filiatoria y médica de los niños, niñas y adolescentes sea remitida a su presidencia en un lapso no mayor a 12 horas. Este flujo de datos estaría destinado a alimentar una base unificada de búsqueda familiar.

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Un papel pegado en la pared del área de emergencia del Hospital Vargas de Caracas, la tarde del 28 de junio, dejaba por escrito un protocolo claro. Ante cualquier caso que involucre a un niño, niña o adolescente, hay una sola ruta posible: consultar directamente con el Idenna y con el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, los cuales tienen presencia física allí, dentro de la emergencia pediátrica. Personal médico y del Consejo Municipal contabilizaban en ese momento cinco menores de edad hospitalizados en ese centro de salud.

Al día siguiente, el 29 de junio, las afueras de las salas de emergencias del Hospital Pérez Carreño estaban cubiertas de papel a las 3:00 de la tarde. Cada hoja contenía al menos un nombre de una persona desaparecida, o una lista de personas que son atendidas en el hospital después de los terremotos.

Entre las paredes cubiertas de papel, las enfermeras gritaban nombres con la esperanza de que un familiar se acercara.

En medio del bullicio, se encontraban funcionarios del Consejo de Protección, identificados con chaquetas azul y negro, y el logo del Ministerio Público. No tenían permitido dar declaraciones ante la prensa. Sin embargo, una joven con una camisa del Idenna respondió que había 24 menores de edad atendidos en el hospital en el contexto del desastre. Y aseguró que todos estaban acompañados por sus padres o representantes.

Un panorama similar se presentaba en el Hospital Domingo Luciani, hacia el lado este de la ciudad, a las 5:00 de la tarde del mismo lunes: decenas de avisos de gente desaparecida, listas de papel con el nombre de pacientes, personal médico llamando a un conglomerado de personas para que se acercaran a ver a su familiar. Los miembros del Consejo de Protección también estaban presentes.

La escena cambió en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, localizado en los espacios de la Ciudad Universitaria de Caracas. Allí los pasillos estaban tranquilos: solo había personal médico y familiares. Alrededor de un puñado de afiches de gente desaparecida se encontraba un código QR que llevaba a una base de datos en la web del Ministerio de Salud que identificaba a los pacientes atendidos.

En ese hospital no había ningún miembro del Consejo de Protección, al menos no entre las 10:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde del lunes 29 de junio. La sala de emergencias pediátricas notificó que ningún niño, niña o adolescente estaba solo. Sin embargo, un médico en la sala de cuidados intensivos confirmó que allí se encontraba una joven adolescente sin sus padres, de nombre Yasbelis Daniela Cortez González.

Sus datos no aparecen en la base de datos del Ministerio de Salud. El médico, que no quiso dar su nombre por temor a represalias, solo desea que su familia la encuentre.

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—Desde hace años las capacidades de la administración pública habían disminuido, y con una situación como esta, esas falencias se acrecientan exponencialmente —dice Lily Torres, presidenta de la Asonacop.

Y enumera una serie de carencias concretas de los Consejos de Protección previas al desastre: materiales de oficina insuficientes, personal reducido y equipos multidisciplinarios incompletos; ese cuerpo de psicólogos, trabajadores sociales y otros especialistas que debería acompañar a cada consejero de protección en su trabajo diario.

Parte de esa carencia se ha intentado cubrir con apoyo externo. A través de una alianza con Unicef, Asonacop ha logrado sostener equipos multidisciplinarios en varios municipios del Área Metropolitana de Caracas, un apoyo que, según Torres, está ayudando a fortalecer la respuesta que los Consejos de Protección deben dar en medio de la emergencia. También se ha entregado material de oficina a algunas sedes. Pero el terremoto no distinguió entre lo que ya funcionaba y lo que apenas se sostenía: en La Guaira, la psicóloga que apoyaba a los consejeros de esa zona falleció en medio de los sismos, y con ella se fue también parte de la poca capacidad instalada con la que contaban.

A escala nacional, otro problema estructural que antecede por años a la tragedia consiste en que, pese a que la ley establece que cada Consejo de Protección debe estar conformado por tres consejeros, en la práctica —dice Torres— no siempre están completos. Ocupar ese cargo, además, implica un salario que ella misma describe como poco atractivo frente a la exigencia del trabajo. Son entonces, en conjunto, una serie de circunstancias —la falta de recursos, los cupos sin llenar, los sueldos precarios— que limitan de fondo la capacidad de acción de un consejero, incluso antes de que ocurra cualquier emergencia.

Frente a este panorama, Cecodap y la Redhnna plantean un conjunto de recomendaciones que apuntan, sobre todo, a que la respuesta actual no dependa de la improvisación. La primera es crear un mecanismo nacional de coordinación para emergencias, un espacio permanente donde Idenna, los Consejos de Protección, los Consejos Municipales de Derechos, el Ministerio Público, los Tribunales de Protección, la Defensoría del Pueblo, las autoridades de salud y las organizaciones especializadas de la sociedad civil trabajen bajo procedimientos comunes para gestionar casos, compartir información y avanzar en la reunificación familiar.

A eso se suma la necesidad de dotar al sistema de protocolos nacionales y municipales pensados para desastres, que cubran desde la identificación y el registro de los niños hasta el funcionamiento de los refugios y la capacitación periódica del personal.

Las organizaciones también insisten en que la información misma debe tratarse como parte de la protección infantil: proponen mecanismos oficiales de verificación y boletines periódicos que reduzcan la desinformación y prevengan riesgos adicionales.

Finalmente, hacen un llamado a fortalecer las capacidades humanas, técnicas y operativas del sistema, priorizando las zonas más golpeadas, y a reconocer formalmente el papel de la sociedad civil, cuyo trabajo en atención especializada, apoyo psicosocial y búsqueda de familias ha sido, hasta ahora, buena parte de lo que ha sostenido la respuesta.

Este reportaje contó con la investigación de campo de Angélica Lugo, Gabriela Rojas y Mariana Souquett. Es parte de la serie “Los niños del terremoto”, producida por La Vida de Nos, en alianza con Monitor de Víctimas y Tal Cual.